La prevención de la corrupción es una de las prioridades política nacionales más importantes para México y una parte importante de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. En 2017, el gobierno de México lanzó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), una serie de instituciones y leyes diseñadas para prevenir y sancionar la corrupción. La corrupción amplifica la brecha de desigualdad, y les cuesta a los pobres incluso más que a los ciudadanos ricos. La corrupción y la impunidad también degradan la confianza de los mexicanos en sus propias instituciones gubernamentales.